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Objeción de conciencia al servico militar

Gracias a demanda de inconstitucionalidad promovida por Uniandes, la Corte Constitucional reconoce que existe un derecho fundamental a objetar por razones de conciencia al servicio militar obligatorio.

Bogotá, 23 de octubre de 2009. Gracias a una demanda promovida por el Grupo de Derecho de Interés Público y el Observatorio de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho, en alianza con la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia y la ONG sueca CIVIS, la Corte Constitucional reconoció, por primera vez, el derecho fundamental a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Esta demanda fue también apoyada por la Comisión Colombiana de Juristas y por universidades y organizaciones sociales colombianas y extranjeras.

La demanda argumentaba que así como los indígenas y los limitados físicos y sensoriales, los objetores de conciencia tienen unas condiciones específicas que debían ser respetadas por el ordenamiento jurídico. En particular, el derecho a no actuar en contra de sus convicciones morales, religiosas o políticas más profundas en ejercicio del derecho constitucional a la libertad de conciencia, la cual no está regulada en la ley demandada (art. 27 Ley 48 de 1993). Aunque la Corte Constitucional desestimó el cargo sobre omisión legislativa relativa que se alegaba en la demanda, reconoció, modificando su posición anterior, que el derecho a objetar conciencia al servicio militar obligatorio se deriva directamente del derecho fundamental a la libertad de conciencia.

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Nilson Pinilla, ha declarado que “si alguna persona por razones filosóficas, por razones éticas por razones religiosas, acredita que su conciencia no le permite empuñar las armas puede ser excluida del servicio”. De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la Corte Constitucional, este Tribunal consideró que: “atendiendo a la naturaleza fundamental del derecho de objeción de conciencia, de aplicación inmediata, ésta podía hacerse valer mediante el ejercicio de la acción de tutela, aún frente al deber de prestar el servicio militar obligatorio”. Así mismo, en el pronunciamiento se hace un llamado al Congreso para que, a la luz de las consideraciones de la sentencia, regule la materia a través de una ley estatutaria.

Esta sentencia constituye un avance importante en la consolidación del Estado de Derecho y otra modalidad de reconocimiento del derecho a la “diferencia”.